viernes, 30 de diciembre de 2011

MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA HACIA EL ALQUILER SOCIAL


En Facebook, Javier Burón está fomentando debates muy interesantes sobre la situación de la vivienda social. Aquí os adjuntamos el dedicado a la situación de las viviendas vacías y su utilidad como base para desarrollar un alquiler social. Es muy recomendable seguirlo con las distintas aportaciones de los participantes.

MOVILIZACION DE VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER SOCIAL


En ejecución de lo votado por los miembros del grupo que han querido elegir el siguiente tema de debate, afrontamos el segundo debate de este grupo sobre LA MOVILIZACION DE LA VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER SOCIAL.
Como hice con el debate anterior, aporto unas notas introductorias sobre el tema, que solo pretenden hacer más operativo el debate y que, en modo alguno, reflejan la posición del grupo (esa ya la fijaremos entre todos en las próximas semanas) ni de la academia ni de partido o grupo socio-político alguno. Son simplemente mis provocaciones pro debate.
España cuenta en estos momentos con unos 25.5 millones de viviendas y uno de los ratios vivienda/habitantes más alto de la UE. En función de la fuente que se consulte, tenemos algo más de un millón de viviendas vacías de segunda mano (VVSM, lo que podríamos llamar vivienda vacía usada de toda la vida de Dios) y algo menos de un millón de viviendas en stock (VVS, viviendas de promotores o entidades financieras, recién construidas, nunca utilizadas y a la espera de comercialización). Por otra parte, nuestro parque de alquiler a duras penas supera el 10% del total de viviendas, cuando en la UE la media se sitúa entre el 40%-50%. Y nuestro parque público de alquiler está en el entorno del 0.5% del total, cuando en la UE lo habitual es que el mismo sea un 20%-30% del total de viviendas de un país.
Las VVSM son un problema en España desde hace décadas, pero solo un porcentaje pequeño de la población española lo han considerado una disfunción urbana, económica, medioambiental y social. Las VVS sí que están muy presentes en los medios de comunicación y el debate social actual, no solo por lo poderosos que son sus titulares (promotores, pero por encima de todo entidades financieras), sino por los problemas generales que dicho paquete de viviendas (y suelos) le está causando a la economía española.
En relación a la VVSM se ha partido siempre de un mito que está aún por demostrar. A saber, que las personas que disponen de viviendas vacías en España no las alquilan por miedo a no cobrar, sufrir destrozos en las viviendas o no poder recuperarlas. La realidad es que en el año 2010 solo el 1.5% de los alquileres en España acabaron en los tribunales. Con lo que no parece que las explicaciones al uso sirvan para explicar el anómalo comportamiento del mercado de alquiler español en el contexto europeo.
 En la pasada década se han intentado en España, al menos, tres tipos diferentes de estrategias: favorecer el afloramiento de las viviendas no utilizadas hacia el alquiler, facilitar los desahucios con la esperanza de que esto dinamice el mercado privado de alquiler y penalizar la situación de no uso de las viviendas.
 En relación con el primer tipo de estrategia, el favorecimiento de la movilización de la vivienda vacía hacia el alquiler, aunque con diferentes niveles de afección a la materia, cuatro han sido los principales instrumentos de actuación:
 Ayudas públicas a la puesta en alquiler social de vivienda privada vacía (como principal ejemplo podemos citar BIZIGUNE en Euskadi o el AVALLOGER en Cataluña). Hablamos de vivienda previamente vacía y convertida en alquiler social. Lo que supone beneficios económicos para el propietario, pero también gasto público para conseguir alquileres sociales y la utilización de un stock con una huella ecológica ya producida.
  1. Ayudas públicas a la puesta en alquiler de mercado de vivienda privada vacía o no (como principal ejemplo podemos poner la SPA estatal, así como varias AGENCIAS LOCALES DE INTERMEDIACIÓN). Hablamos de la asunción por parte de los presupuestos públicos de seguros y avales para que se establezcan relaciones arrendaticias privadas entre arrendadores e inquilinos que fijan precios de mercado.
  2. Ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes (como principal ejemplo podemos citar la RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN estatal). Hablamos de ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes sin discriminación en función de renta o tipo de alquiler y con grandes posibilidades de fraude y efectos inflacionistas.
  3. Ayudas públicas de emergencia para el pago del alquiler a colectivos en riesgo de exclusión social (varias son las CCAA que disponen de este tipo de ayudas, aunque las cantidades y los destinatarios varían de manera importante). Hablamos de ayudas de emergencia social que no deberían darse si dispusiéramos de un parque de vivienda social en alquiler público que pudiera atender esta y otras situaciones social-residenciales.
 En puridad, solo el primer tipo de programas apunta de forma expresa a la movilización de vivienda previamente vacía hacia el alquiler social, accesible o no de mercado. El segundo busca la dinamización del mercado privado de alquiler joven, pero sin que los alquileres sean sociales o las viviendas estuvieran previamente vacías. Y los dos últimos programas lo que pretenden es crear una demanda mínimamente solvente de alquileres a precios moderados, a la espera de que afloren al mercado viviendas privadas (vacías o no) susceptibles de ser alquiladas por estas personas.
 En relación a la segunda estrategia ensayada, la facilitación de los desahucios, hay que señalar que, las dos reformas legales habidas en los últimos años (Ley 19/2009 y Ley 4/2011, que han reducido las garantías del desahuciado) y sobre todo la crisis, han producido un inmenso alud de desahucios que en nada ha ayudado a incrementar el número de inquilinos en España o a reducir el número de viviendas vacías. Es más, a pesar de los casi 300.000 desahucios (propietarios e inquilinos) habidos desde el comienzo de la crisis, España sigue a duras penas en el entorno del 10% de parque de alquiler y las viviendas vacías no solo no han disminuido, sino que han multiplicado su tamaño por dos (aunque según la fuente que se maneje se habla del paso de 1 millón de viviendas vacías a 2, 3 e incluso 4 millones).
 La tercera estrategia, tímida y discontinuamente ensayada, la penalización de la vivienda vacía, hay que decir que dos CCAA (Euskadi y Cataluña) trataron en la pasada década de combinar programas públicos de garantía pública del alquiler para propietarios privados (que incluían ayudas públicas a la rehabilitación, ayudas financieras casi a coste cero, seguros, avales, alquiler garantizado por el estado, etc) con penalizaciones de ultima ratio. Concretamente en el caso de Euskadi se legisló la expropiación de las viviendas vacías (y se empezó a realizar en el caso de viviendas protegidas vacías) y se trató de dar respaldo legal a un canon parafiscal sobre la vivienda vacía, así como a la venta forzosa de las viviendas vacías (aunque no se consiguió pues la ley en este punto fue rechazada por PNV, PSE y PP). En el caso de Cataluña, su aún vigente ley de vivienda (Ley 18/2007) prevé un sistema por el que, viviendas vacías privadas a las que durante varios años se les ha ofrecido todo tipo de ayudas públicas para su rehabilitación y alquiler garantizado, si las rechazan y están en un área de acreditada necesidad de vivienda, pueden finalmente ser objeto de expropiación temporal de su usufructo, o lo que es lo mismo, ser puestas en alquiler público forzoso.
 Este tipo de medidas, francamente pacatas en términos de derecho europeo comparado, han sido aplicadas en un número muy reducido de casos y han dado lugar a ríos de tinta en los medios de comunicación. Buena parte de los partidos y medios españoles defienden que la propiedad privada es sagrada. No se sabe si desconocen el contenido de nuestra Constitución en este punto o se hacen interesadamente los despistados. La realidad es que nuestra Constitución de 1978 constitucionaliza la función social de la propiedad (que deberá ser concretada por las leyes estatales y autonómicas), la subordinación de toda forma de riqueza al interés general y la capacidad del sector público para intervenir en la economía. No admite debate que nuestro Tribunal Constitucional ha respaldado la constitucionalidad de las leyes de Andalucía y Extremadura de fincas rurales y urbanas de rendimiento manifiestamente mejorable (que incluían cánones parafiscales e incluso la expropiación). O que el Consejo Consultivo de Cataluña respaldo la estatutariedad de la polémica expropiación temporal del usufructo de las viviendas vacías que rechazan ayudas públicas y permanecen vacías en zonas de acreditada necesidad de vivienda.
 En relación a estos debates españoles, no está de más recordar que en la UE, en términos generales, la vivienda vacía se considera una disfunción urbana, social, económica y medioambiental y que las medidas públicas para combatir tal fenómeno dejan el debate español a la altura del parvulario. En la UE son comunes las siguientes acciones en relación a las viviendas vacías que rehúsan las ayudas públicas para su puesta en alquiler:

  1. Multas.
  2. Impuestos específicos o recargos en los de la propiedad inmobiliaria.
  3. Requisas y alquiler público temporal.
  4. Ventas forzosas y alquiler público permanente.
  5. Expropiación.
  6. Demolición (cuando no es una vivienda aislada la que está vacía, sino que es un edificio completo –aunque este pueda ser de muy pocas plantas-).
 Acabo estas notas con un apunte sobre las VVS. Son uno de los restos del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria. Como tal deberían ser asumidos (en forma de pérdidas) por parte de promotores y entidades financieras.
 Lo que ha ocurrido en otros países con problemas similares es que las entidades financieras han puesto en el mercado de venta y alquiler ese stock de viviendas a unos precios moderados de forma que les han dado salida. Esto implica reconocer pérdidas, pero permite seguir adelante con la lógica económica del mercado (volver a dar crédito para la compra de suelos, urbanización, edificación, venta, hipoteca, alquiler, etc). Pero nada de esto ha ocurrido, ni parece que vaya a ocurrir en España. Los activos tóxicos inmobiliarios privados, que ascienden a más de 150.000 millones de euros (el 15% del PIB anual español), han sido objeto de todo tipo de ayudas públicas por parte del contribuyente, lo que ha sido aprovechado por el sistema financiero para preservar sus beneficios, no restablecer el crédito y congelar el valor de los activos tóxicos inmobiliarios en los precios y expectativas del año 2007.
A finales del 2007 diversos expertos pidieron al Estado que adquiriera parte de las VVS de promotores, cajas y bancos para crear un parque público de vivienda en alquiler. El Gobierno consideró la idea muy cara y poco factible. Desde entonces el flujo de dinero del contribuyente hacia el sistema financiero es inmenso, no se ha recibido ningún tipo de contrapartida (refluir del crédito, viviendas y suelos para el estado, etc), los activos tóxicos inmobiliarios continúan congelados a la espera de un banco público malo que se haga cargo de todas las pérdidas, los desahucios se cuentan por cientos de miles y el suelo y la vivienda sigue teniendo unos precios artificialmente altos en España. 

EL BANCO DE ESPAÑA: CONTRA EL PARO, MÁS ALQUILERES Y MENOS PROPIETARIOS

EL BANCO DE ESPAÑA: CONTRA EL PARO, MÁS ALQUILERES Y MENOS PROPIETARIOS

        El regulador bancario apuesta por el alquiler como arma contra el desempleo


EL MUNDO. 29.12.2011

El Banco de España asegura que apostar más por el alquiler y menos por la compra de vivienda favorecería la movilidad laboral y permitiría reducir el desempleo, al tiempo que facilitaría el acceso a la vivienda a estas personas, especialmente a los jóvenes.

Un mercado de vivienda en propiedad creciente conduce a más apalancamiento familiar y a menos consumo

Así lo indica en su último 'Boletín Económico', en el que señala que, por el contrario, las políticas que favorecen un peso excesivo de la compra pueden alimentar burbujas y hacer que la economía sea más vulnerable ante las subidas de los tipos de interés.

Por ello, el banco emisor considera que en aquellos países con un reducido peso del alquiler -en España ha rondado el 12% del parque de vivienda en los últimos años- requieren "políticas adecuadas" para que este segmento sea un alternativa a la propiedad "a largo plazo".

Así, en primer lugar estima que un alto porcentaje de vivienda suele dar lugar a un mercado laboral "menos dinámico y eficiente", ya que los altos precios de la vivienda no incentivan el cambio de residencia, a lo que añade que este efecto se mitigaría si el coste de los inmuebles "fuese reducido".

Freno al endeudamiento

Además, indica que este tipo de mercado hace que muchas familias estén endeudadas y que se vean "especialmente afectadas" por las subidas de los tipos de interés, más aún si contratan hipotecas a tipo variable (como ha sido el caso de España), con el consecuente efecto negativo sobre el consumo.

Advierte de que, en mercados como el español, favorecer fiscalmente la compra puede alimentar que resulte más ventajoso mantener una vivienda vacía que alquilarla

Asimismo, el banco emisor indica que en mercados con alto peso de la vivienda en propiedad se producen "sesgos impositivos" que pueden favorecer burbujas y la adquisición de viviendas con fines especulativos, hasta el punto de que resulte más ventajoso mantener una vivienda vacía que alquilarla.

Según señala, estos efectos se han podido observar en la crisis financiera global, "donde la proliferación de activos tóxicos ligados a la financiación hipotecaria, el elevado endeudamiento y el crecimiento extraordinario del precio de la vivienda han estado en el origen de la misma".

'Perseverar' en las ayudas

El Banco de España no hace mención en su informe de la intención del PP de recuperar la deducción por compra o de extender el IVA 'superreducido' del 4% para la adquisición de vivienda nueva. Tampoco de la intención del Ministerio de Fomento de poner en marcha un plan público de pisos para jóvenes.

Sin embargo, señala que en España ha habido algunas iniciativas regulatorias que "han tratado de promover" el mercado del alquiler y que, en general, en muchas economías parece necesario "perseverar" en esta dirección.

Por su parte, el Banco de España propone por el lado de la oferta una imposición más equilibrada entre compra y alquiler, subsidios a los inversores, protección a los propietarios de vivienda en alquiler o mejoras de la eficiencia del sistema judicial. Por el lado de la demanda, apuesta por exenciones de impuestos, subsidios y regulación de los alquileres.

jueves, 29 de diciembre de 2011

EL 40% DE LOS BENEFICIARIOS DE VIVIENDA PROTEGIDA RENUNCIA POR FALTA DE CRÉDITO


EL 40% DE LOS BENEFICIARIOS DE VIVIENDA PROTEGIDA RENUNCIA POR FALTA DE CRÉDITO


Botella se estrena como alcaldesa entregando 143 pisos en Vallecas y Carabanchel

Botella destaca el esfuerzo para apoyar la vivienda pública


EL PAÍS (edición Madrid). Bruno García Gallo. 29.12.2011

En su primer acto como alcaldesa de Madrid, Ana Botella entregó ayer las llaves de 101 viviendas de protección oficial en el distrito de Carabanchel y otras 42 en Villa de Vallecas, construidas con fondos municipales y vendidas a precios que oscilan entre 114.262 y 191.119 euros. Según la regidora, la vivienda protegida municipal tiene, de media, un precio tres veces inferior al de mercado, un dato de su discurso que levantó un rumor de incredulidad entre los adjudicatarios en Vallecas.

Aun siendo cierto como media, los pisos entregados ayer no difieren tanto en precio. En Vallecas, oscilaban entre 114.262 euros (36,3 metros cuadrados útiles) y 191.119 (70,9), con garaje y trastero. Para Foro Consultores, frente a los 2.697-3.144 euros por metro de la vivienda protegida, en el mercado costarían 3.587-3.923. Aguirre Newman tasa el metro cuadrado en 3.401 euros.

En Carabanchel, los pisos entregados ayer costaban entre 118.096 (44,7 metros) y 156.350 euros (76,4). Según Roan, la vivienda libre oscila entre 222.000 euros (51,3 metros) y 383.000 euros (87). Aguirre Newman calcula que los precios libres fluctúan entre 153.950 (44,7 metros) y 262.892 euros (76,4).

Al frente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Pablo Olangua cree que la diferencia se ha reducido en algunas zonas porque los promotores “han tirado los precios” al no hallar comprador. Pero también le faltan a la protegida: el 40% renuncia al no encontrar financiación. “La gente tiene serios problemas, lo que hace el Ayuntamiento es darles margen, tiempo para conseguir el dinero”, ha añadido Olangua.

LAS COMUNIDADES VENDEN PATRIMONIO POR 3.000 MILLONES PARA REDUCIR DÉFICIT


Esta interesante noticia publicada en el diario El País pone de manifiesto uno de los temores que mostraba este grupo en su último comunicado: la posibilidad de que las comunidades autónomas, con el pretexto de la crisis, la austeridad y el ajuste de las cuentas, se desprendieran del escaso parque público de vivienda con el que cuentan.

 

Las autonomías se desprenden de inmuebles de oficinas, vivienda protegida y empresas públicas - Cataluña concentra la mitad de las desinversiones


EL PAÍS. LLUÍS PELLICER - Barcelona - 28/12/2011

El tijeretazo en el gasto presupuestario ha puesto patas arriba los servicios de algunas comunidades. Y aun así, en muchos casos ha resultado insuficiente para atajar el déficit público e ir drenando la voluminosa deuda, que en conjunto supera los 135.000 millones de euros. Por ello, la mayoría de autonomías ha optado por hacer caja mediante la venta de patrimonio y participaciones de empresas públicas. Si se cumplen los objetivos que se han impuesto en sus Presupuestos para 2012, las comunidades habrán vendido en dos años activos por más de 3.000 millones de euros.
A falta de que algunas comunidades presenten sus previsiones para el año que viene, entre ellas Castilla-La Mancha, Cataluña concentra más de un tercio de las ventas. El Gobierno de Artur Mas presupuestó ventas por 200 millones para 2011 y por 888,2 millones más en 2012, aunque estas cifras podrían ser más elevadas. De hecho, esa cantidad corresponde a la Administración de la Generalitat, pero en el conjunto del sector público catalán se proyecta vender activos por 1.897 millones. A Cataluña le siguen Andalucía (952 millones) y la Comunidad Valenciana (265,9 millones).
En plena crisis inmobiliaria, las comunidades han empezado por inundar con sus edificios un mercado que estaba seco. Andalucía sacó a la venta en julio 95 inmuebles para luego ocuparlos en régimen de alquiler, lo que en el sector se conoce como operaciones de sale & leaseback. Una parte de estos ya han sido enajenados a una sociedad pública dependiente de la Junta de Andalucía. Cataluña ha decidido buscar compradores privados para un lote de 26 inmuebles por el que solo ha recibido una oferta de los fondos Moor Park y Och-Fiff de 450 millones de euros.
Andalucía y Cataluña han sacado a la venta los mayores lotes, pero también la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha un plan "de optimización" de su patrimonio por el que venderá solares y oficinas que en breve quedarán vacías y por los que espera ingresar 141,6 millones de euros, cuando para 2011 ya presupuestó 124,3 millones por la venta de patrimonio. La Comunidad de Madrid se desprenderá de terrenos por 68,2 millones, frente a los 53,7 millones de este año; Murcia trata de colocar edificios y amarres de su titularidad por 174,1 millones y Aragón quiere zafarse de edificios por 12 millones. Castilla-La Mancha y Asturias también han puesto el cartel de "se vende" a varios activos.
"No serán fáciles de colocar. Se considera a las Administraciones Públicas mejores inquilinas de lo que en realidad son. Para un inversor, se trata de un inquilino que te puede pagar tarde, al que no puedes echar y que, además, cuenta con una calificación de su deuda, en algunos casos, de bono basura. Y si en un futuro el inversor quiere realizar un proyecto en el inmueble, lo tendrá difícil porque la mayoría son para uso dotacional", tercia el consejero delegado de la consultora Irea, Mikel Echavarren.
Otra baza de la que echan mano algunas comunidades es el parque de vivienda pública, que pretenden vender a inversores. Así consta en los planes de reequilibrio financiero que presentaron Asturias, que con esa medida pretendía ingresar 102 millones, y Extremadura, que valoró sus pisos sociales en 96,6 millones. Cataluña y el País Vasco también han optado por esa vía.
Las comunidades son más pudorosas al explicar sus privatizaciones, aunque no por ello dejar de estar dentro de sus planes. Cataluña ya ha sacado a concurso la constructora que construye y tiene en cartera las escuelas públicas, pero en su catálogo está también la sociedad de aguas ATLL y la de infraestructuras Tabasa. En principio, se previó que ambas podían aportar 1.300 millones, pero la Generalitat baraja ahora desprenderse de ellas con algún tipo de concesión. "Estos procesos parten de una revisión de las empresas públicas. Algunas se fusionarán y otras se venderán o desaparecerán. También hay un proceso para optimizar el patrimonio, que puede pasar por la venta, pero también por racionalizar los alquileres", explica el directivo de PricewaterhouseCoopers, Patricio de Antonio.
Siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha ha anunciado que introducirá la gestión privada en varios hospitales de titularidad pública, lo que Cataluña también está estudiando hacer a través de empresas mixtas con mayoría de capital público. El plan más amplio, no obstante, lo ha presentado Aragón, que prevé vender participaciones de 45 de sus 103 empresas públicas. En ese escaparate también están las televisiones públicas. Andalucía, por ejemplo, ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos la autorización para vender acciones de la Agencia Pública de Radio y Televisión por hasta 15 millones e inmuebles de la misma sociedad por hasta 20 millones.

miércoles, 28 de diciembre de 2011

APROBADA LA NUEVA LEY DE SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON EL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN


  • Reduce porcentaje de suelo que deben ceder los promotores a Ayuntamientos
  • PSOE: Convertirá ciudades 'en vertederos de casas' con menos zonas verdes

La Asamblea
de Madrid ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas -y con ésta la nueva Ley de Suelo de la comunidad madrileña- con la que el Gobierno regional pretende impulsar la competitividad del tejido productivo y aumentar la productividad en el sector público. La normativa ha contado con el rechazo de la oposición, que ha denunciado que convertirá las ciudades en "vertederos de ladrillo".

La conocida como Ley de Acompañamiento se ha aprobado después de que se rechazasen prácticamente todas las enmiendas. Sólo han salido adelante las registradas por el PP y una transaccionada por los 'populares' y UPyD, en la que se plantea la supresión de dos organismos públicos.

Entre las medidas que contempla la Ley de Acompañamiento, destaca la reducción del porcentaje de suelo que deben ceder los promotores a los Ayuntamientos para equipamientos públicos, que según la oposición convertirá las ciudades en "vertederos de ladrillo".

El PP defiende reforma diciendo que evitará excedentes de terreno que provocan gran coste a Consistorios

Durante el pleno, el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha defendido la reforma de la Ley de Suelo -que evitará excedentes de terreno que provocan un gran coste a los Ayuntamientos-, o las exenciones fiscales, frente a la oposición, que lo que quiera, ha dicho, es subir los impuestos.

Por su parte el portavoz adjunto del PSOE, Antonio Carmona, ha apuntado que la Ley de Suelo convertirá la ciudad "en un vertedero de viviendas" ya que permite construir menos zonas verdes, alcantarillados, colegios o centros de salud, y contabiliza la superficie de jardines privados como zonas verdes, ha reprochado.

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha reprochado al Gobierno regional que utilice la ley aprobada hoy para "despachar rápidamente" la modificación de una docena de leyes en un trámite "dudosamente democrático" que, en el caso de la Ley de Suelo, conlleva una modificación que supone volver a la legislación de hace 40 años.


martes, 27 de diciembre de 2011

UN AÑO MÁS LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID SERÁ MODIFICADA POR LA PUERTA DE ATRÁS


Interesantísimo comunicado emitido el día 26 de diciembre por Ecologistas en Acción en relación con las modificaciones introducidas, con nocturnidad y alevosía, en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Con toda probabilidad, mañana martes 27 de diciembre, la Asamblea de Madrid aprobará nuevas modificaciones a la Ley del Suelo. Con esta modificación ya suman once las veces que el texto legal ha sido cambiado, nueve de las cuales han sido promovidas por el Gobierno de Esperanza Aguirre. En esta ocasión las más perjudicadas serán, una vez más, las cesiones públicas. Para Ecologistas en Acción la eventualidad de la redacción y la pérdida del carácter técnico de esta norma conducen a una  grave inseguridad jurídica y a priorizar los intereses privados sobre la función social del urbanismo.

Mañana martes 27 de diciembre, la Asamblea de Madrid, aprobará la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2010, más conocida como Ley de acompañamiento de los presupuestos. Si se cumplen las previsiones, esta Ley servirá, entre otras, para modificar una vez más la ley del Suelo. Este año, el Gobierno de Esperanza Aguirre y las enmiendas del Partido Popular, pretenden reducir el porcentaje de viviendas de protección en los nuevos desarrollos  residenciales, pasando de un 45% a un 30%, reducir las cesiones a los ayuntamientos para equipamientos, zonas verdes e infraestructuras pasando de un 70% a un 20% , eliminar en su totalidad estas cesiones en los suelos industriales y eliminar, igualmente en su totalidad, las cesiones a los ayuntamientos para crear zonas arboladas urbanas cuando se trate de viviendas privadas con jardín. A juicio de Ecologistas en Acción estamos ante una grave irresponsabilidad que reducirá de forma ostensible el patrimonio municipal en plena crisis y que transforma el urbanismo en un mero instrumento de hacer dinero  en beneficio de los los promotores.

La Ley del Suelo madrileña, en sus diez años y medio de vida, ha sufrido diez modificaciones en su articulado (sin contar la que se producirá mañana). Esto ha supuesto que de sus 248 artículos, 59 han sido modificados,  así como 4 disposiciones transitorias, una disposición adicional y otros 6 artículos han sido eliminados.

Del total de las diez modificaciones que ha sufrido la Ley, ocho han sido realizadas por los sucesivos gobierno de Esperanza Aguirre (las dos restantes fueron aprobadas durante el mandato de Alberto Ruíz Gallardón). De las ocho modificaciones aprobadas por el Gobierno de Aguirre, siete  se han realizado aprovechando la vía de los presupuestos, incluyéndolas en las diferentes leyes de Medidas Fiscales y de la Administración, eludiendo así la vía ordinaria de tramitación parlamentaria que exige un mayor debate y transparencia. La octava modificación se realizó en julio de 2007, utilizando la Ley de Medidas Urgentes y de Modernización del Gobierno y de la Administración, tramitada por vía de urgencia y que tampoco siguió el procedimiento ordinario.

Es decir, Esperanza Aguirre, en sus más de ocho años de gobierno ha engendrado una Ley del Suelo “ex novo” que apenas tiene que ver con la que se aprobó en 2001. Sin embargo, esta nueva Ley se ha tramitado y aprobado por la puerta de atrás sin permitir ni a los grupos parlamentarios de la oposición, ni mucho menos a los ciudadanos, participar de forma efectiva y garantizando la transparencia que sería exigible a un gobierno democrático.

 Por otra parte las sucesivas modificaciones introducidas en la Ley del Suelo no han ido dirigidas  a corregir las lagunas de la Ley para mejorar la ordenación de los sistemas urbanos y del territorio no urbanizable. Todo lo contrario, las modificaciones, redactadas en muchas ocasiones con celeridad para eludir denuncias, recursos y permitir la construcción de  proyectos concretos, han dado un texto de Ley confuso, ambiguo,  difícilmente aplicable por la inexactitud de la redacción al haber perdido carácter técnico.

 Igualmente la constante modificación del texto de la Ley del Suelo y la escasa calidad de la redacción del nuevo articulado está creando una enorme inseguridad jurídica en el planeamiento urbanístico. Esto es porque resulta casi imposible saber qué texto es el de aplicación a cada planeamiento tanto al general (planes generales y planes de sectorización) como pormenorizado (planes parciales, estudios de detalle, etc) cuya tramitación suele prolongarse más allá de la vigencia del texto de cada modificación.  

 Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid siga pretendiendo mantener el carácter especulativo del urbanismo  en lugar de reconducir su función a la de ordenar y crear espacios urbanos de calidad.

lunes, 26 de diciembre de 2011

JUEVES 12.01.2012: CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA INTERBARRIOS DE VIVIENDA Y DESAHUCIOS


Hola a tod@s
Os presentamos la propuesta de movilizaciones fundamentadas en “La vivienda es un derecho fundamental”.
La situación de la vivienda, con cientos de miles de personas desahuciadas y millones sin la posibilidad de acceder a una vivienda, es una de las puntas de lanza de todo el movimiento. El aglutinante más visible y unificador.
La vivienda en España ha sido (y sigue siendo) fomentada por las Administraciones como un motor industrial, una inversión, dejando a un segundo plano su verdadera dimensión: Un derecho fundamental.
Actualmente, en el nuevo gobierno, las competencias de vivienda han pasado a depender del Ministerio de Fomento. Este es el ministerio de los grandes constructores. En la toma de posesión de la ministra acudieron, todos a una, los presidentes de ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr,…los responsables de la situación de alarma social actual. Nada bueno se puede esperar con estos antecedentes.
Frente a esta situación tenemos que dar la verdadera dimensión de la vivienda: Es un derecho humano fundamental y no un negocio sometido a los intereses de los especuladores. A nadie se le puede impedir ejercer el derecho a acceder a una vivienda digna (y menos por razones económicas dictadas por especuladores).
Considerar la vivienda como un derecho humano fundamental contextualiza y da sentido a las diferentes reivindicaciones: stopdesahucios, acceso a la vivienda, alquiler social, okupación, urbanismo a la medida humana,… En el escrito adjunto presentamos la argumentación con 8 puntos provisionales a desarrollar que formen una lucha conjunta expresada de forma sencilla y clara.
El próximo jueves 12 de enero a las 19 00 horas nos reuniremos en Casablanca (C. Santa Isabel, 21-23) para elaborar un manifiesto definitivo y establecer un plan de acción al que se sumen asambleas de barrios, colectivos, asociaciones, que luchan por una vivienda digna.
¡¡Necesitamos vuestra presencia!
¡Sí se puede!
Asamblea Interbarrios de Vivienda y Desahucios  

jueves, 22 de diciembre de 2011

LA SUBVENCIÓN AL LADRILLO DE MARIANO, de Nuño Rodrigo (Cinco Días)


Nuño Rodrigo, Cinco Días. 21/12/2011.

La recuperación de la deducción por vivienda fue de las pocas promesas electorales concretas que se le oyeron a Mariano Rajoy en campaña, y aunque no ha anunciado todavía los términos sobre los que aplicará dicha deducción, en el debate de investidura insistió en la idea de subvencionar la industria que ha llevado a España al desastre económico. Una idea que sería, a mi modesto entender, poco comprensible en un contexto de crecimiento pero que, cuando se promete austeridad para todo y para todos, resulta directamente surrealista. 

Empecemos por la letra (no es la primera vez que tratamos el tema) y seguimos después con los números. La deducción por compra de vivienda, para todos los contribuyentes, para cualquier precio de las casas y para cualquier operación (no solo para la primera vivienda) no facilita, sino que dificulta el acceso a la vivienda porque altera los precios en general de las casas, como sucedió durante la burbuja inmobiliaria. Burbuja que, por si alguien lo ha olvidado, es la principal explicación del alza del paro, del déficit público, y de los miles de millones de activos tóxicos que contaminan el balance de la banca. 

Una de los argumentos para recuperar la deducción es reactivar el sector inmobiliario. Un gran error de concepto. El sector no se reactiva porque los vendedores se resisten a bajar precios. Un detalle: Aunque el IVA para la vivienda nueva ha pasado del 8% al 4%, la relación entre ventas de viviendas y apenas se ha alterado. Otro detalle: según Fitch el precio de mercado de las viviendas embargadas es un 43% inferior al precio de tasación. El Banco de España, por el contrario, solo exige que se provisione el 30% del valor de estos activos, y cuando llevan dos años en el balance. En otras palabras, la rebaja del IVA se ha ido a precio y la banca no vende las casas embargadas porque el precio de mercado es inferior a la provisión realizada, y por lo tanto incurriría en pérdidas. 

Es evidente que, si se quiere reactivar el mercado, es imperativo elevar la provisión impuesta por el Banco de España para los activos adjudicados, de modo que la banca tenga incentivos a vender. Si no, la deducción simplemente dilatará todavía más el ajuste porque hará que el precio sea más resistente a bajar. Ya pasó, de hecho, con el anuncio del gobierno socialista de retirar la deducción. Fue hecho con la idea de dar salida al stock de viviendas, pero solo ralentizó la caída de precios durante un tiempo.

El efecto sobre las arcas públicas no es mucho mejor. Las operaciones de compra de vivienda tienen un efecto positivo inmediato, al suponer tributación por IVA o Transmisiones Patrimoniales (8% y 4%). Pero la deducción durante los años de vida de la hipoteca implica un gasto continuado para el erario público. En los últimos 30 años, 77.500 millones de euros. En 2010, 4.400 millones, más del 25% de los recortes anunciados por Rajoy para 2012.

Dado que la deducción por vivienda supone un ingreso puntual para el Estado y un pago continuado en el tiempo, es una suerte de préstamo del comprador de vivienda al Estado. He puesto la hoja Excel en modo on fire para intentar sacar el tipo de interés implícito en estas operaciones, partiendo de la base de un tipo de interés al 3,5% para distintas hipotecas, concedidas por el 80% del valor de la vivienda (por lo que el ingreso por IVA/ITP es el 4% o el 8% sobre el 125% del valor de la hipoteca). El resultado es extremadamente variable en función de la vida de la hipoteca, de su plazo y, sobre todo, si la vivienda se la compra una persona o entre dos (en este caso la deducción se duplica). En todo caso, la tasa de interés (TIR) para el supuesto central (hipoteca de 120.000 euros a 22 años) oscila del 8% si la vivienda es usada y se la compra una personal al 39% si la vivienda es nueva y se la compran entre dos. En la tabla adjunta tienen los resultados. Si alguien más freak que yo encuentra errores, por favor coméntenlo. 


En algunos supuestos los costes para el Tesoro son muy bajos, pero son casos particulares, como hipotecas de 200.000 o 300.000 euros sobre viviendas usadas y adquiridas solo por una persona. Con el IVA al 8% en casi ningún caso el tipo de interés implícito  es razonable, rondando del 20% al 30% en los supuestos más habituales de pisos comprados entre dos personas. 

En otras palabras, por lo general la deducción por vivienda es un muy mal negocio para el Estado. Pan para hoy y hambre para mañana; ayudaría a arreglar el déficit en 2012 o 2013 pero a costa de una pesada carga en los años venideros. Si Rajoy quiere reactivar el  mercado de la vivienda y obtener ingresos fiscales, no debería introducir esta deducción, sino acelerar el ajuste de precios. Y, para eso, nada mejor que incentivar a la banca, obligando a provisionar en mayor medida los activos inmobiliarios en balance para que le sea más rentable venderlos que mantenerlos. La cifra antes mencionada del 43% puede ser un punto de partida.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

AUMENTAN LAS DIFICULTADES DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA

El Observatorio Joven de Vivienda acaba de publicar el informe correspondiente al segundo trimestre de 2011. Aunque recomendamos encarecidamente la consulta directa del estudio, nos parece interesante destacar las conclusiones vertidas en el siguiente párrafo:



“El segundo trimestre de 2011 ha marcado un punto de inflexión en las condiciones socioeconómicas que rigen los procesos de emancipación de la población joven en España. En efecto, rompiendo con la pauta de los últimos once trimestres, en el segundo trimestre de 2011 se ha producido un incremento en el coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad, tanto para una persona joven asalariada como para un hogar joven. Este fenómeno sintetiza algunos de los elementos que obstaculizan la independencia residencial de las personas jóvenes: el endurecimiento de los requisitos de acceso al crédito hipotecario, la pérdida de poder adquisitivo de los y las jóvenes y la ausencia de viviendas a precios asequibles. Basta con destacar que, actualmente, poco más del 55% de la población joven en España está trabajando (el resto, o está desempleada o es inactiva, principalmente por motivos de estudios) y que la superficie máxima tolerable de una vivienda en régimen de compra o alquiler con el salario medio de una persona joven es, respectivamente, de 56,1 y 44,5 metros cuadrados construidos.

LOS JÓVENES ESPAÑOLES GASTAN MÁS DE LA MITAD DEL SUELDO EN COMPRAR UNA CASA


  • Por provincias, están por encima de la media Vizcaya (71,6%) y Gipúzcoa (70,9%)
  • En el lado opuesto se encuentran Lugo (38,6%), Toledo (37,8%) y Lleida (35,6%)
  • La diferencia entre salario e ingresos necesarios para la compra es del 78,17%
  • La superficie del piso en propiedad es de 56,1 m²; 44,5 m² en caso de alquiler
  • Su tasa de emancipación en el segundo trimestre de 2011 se sitúa en el 45,4%

ELMUNDO.es | Madrid. Martes 29/11/2011

Más de la mitad de su sueldo neto, concretamente el 53,5%, debería reservar una persona joven en nuestro país para hacer frente al pago inicial de una hipoteca media. Éste es uno de los datos que ofrece el último boletín del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de España, correspondiente al segundo trimestre de 2011.

Por provincias, nos encontramos por encima de la media a Vizcaya con un 71,6%, Guipúzcoa con un 70,9%, Barcelona con un 679,3%, Baleares con un 65,1%, Madrid con un 62,6%, Cantabria con un 58,2%, y Málaga con un 57,8%; por debajo están Lugo con un 38,6%, Toledo con un 37,8%, Lleida con un 35,6%, Cáceres y Cuenca con un 34,9%, Badajoz con un 34,3% y, por último, Ciudad Real con un 32,7%.

Otro dato revelador de este informe, y que pone de nuevo encima de la mesa la dificultad del acceso de los jóvenes a la vivienda, es la diferencia entre los ingresos reales y los ingresos mínimos necesarios para poder comprar una casa. De media, el estudio refleja que los jóvenes en España cobran un 78,17% menos de lo que deberían cobrar para poder convertirse en propietarios de una vivienda, sin sobrepasar el umbral máximo de endeudamiento aceptado por las entidades financieras del 30%; o lo que es lo mismo, deberían cobrar en torno a los 28.000€ anuales, es decir, unos 2.350€ mensuales.

La diferencia entre ingresos necesarios y salario es mayor en País Vasco y menor en Extremadura

Las comunidades autónomas donde la diferencia entre ingresos necesarios y salario es mayor son País Vasco (126,83%), Baleares (117,06%), Comunidad de Madrid (108,57%) y Cataluña (104,44%). Por el contrario, Extremadura (14,63%), Castilla-La Mancha (30,22%) y Murcia (34,93%) son las comunidades en las que más se aproximan los ingresos y el poder adquisitivo real de los jóvenes.

Por último, el informe nos ofrece la superficie máxima que ha de tener el piso al que una persona joven puede aspirar en nuestro país sin sobre endeudarse, teniendo en cuenta el salario que cobra. Si hablamos de compra, esta superficie sería de 56,1 m², y si nos referimos a alquiler sería de 44,5 m2.

En el segundo trimestre de 2011 la tasa de emancipación de la población joven en nuestro país se ha situado en el 45,4%. Es decir, casi la mitad de los y las jóvenes aún no han logrado abandonar su hogar de origen.

Reivindicaciones del CJE


Ante esta situación, el Consejo de la Juventud de España (CJE) reivindica la puesta en marcha inmediata de políticas que hagan posible el derecho que tienen los y las jóvenes a emanciparse para poder tener una vida autónoma sin la dependencia económica de otros miembros de la familia. Para ello, entre otras medidas, el CJE exige:

- Demandar a las administraciones públicas que de manera decidida creen un parque público de vivienda en diferentes fórmulas de acceso, primando el alquiler, que nunca pueda ser privatizado.

- La prohibición de la venta de suelo público dotacional o las cesiones de las nuevas urbanizaciones.

- Un parque público de vivienda en alquiler, cuyo coste no supere el 10% de los ingresos anuales por persona.

- La movilización de suelo público para la construcción de vivienda pública, a través de la utilización de la figura jurídica del derecho de superficie.

- Garantizar por parte de los poderes públicos la protección y estabilidad de los inquilinos mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que garantice una mayor duración de los contratos.

- El fomento del uso de la vivienda vacía mediante la creación de imposiciones fiscales fuertes que penen el desuso y ventajas por su puesta a disposición del mercado.

martes, 20 de diciembre de 2011

COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN URUGUAY #1 UNA RESPUESTA HABITACIONAL PARA LOS SIN TIERRA URBANOS


ARTÍCULO DE FIORELLA RUSSO Y EVA CHACÓN.

En la ‘multicrisis’ actual nos enfrentamos a profundas dificultades que afectan severamente al conjunto de las sociedades en el ámbito global, especialmente desde la perspectiva económica, política y social. En este sentido, el acceso a la vivienda representa un problema histórico, tradicionalmente más urgente en los países emergentes. Sin embargo, en España, tras los estragos causados por el estallido de la burbuja inmobiliaria e hipotecaria de la última década, el déficit habitacional alcanza cada vez a una mayor parte de la población, y lo mismo sucede en otros países europeos desarrollados.

Podríamos decir que, ahora más que nunca, nos encontramos ante una fase impostergable de reflexión colectiva que exige, por un lado, encontrar soluciones alternativas, y, por otro, dar un salto desde el mundo de las ideas, necesidades y deseos, hacia el de la realidad práctica, tangible y posible. Sin ir más lejos, el problema del hábitat y las cooperativas (tanto de profesionales como de vivienda) fueron algunos de los temas debatidos en las mesas redondas del I Congreso del Sindicato de Arquitectos “Nuevas visiones para nuevos tiempos”, celebrado en Madrid el pasado 26 de noviembre.

En este marco general, varios motivos nos han impulsado como arquitectas e investigadoras a estudiar y compartir el caso de las cooperativas de vivienda en Uruguay. El primero, porque creemos que resulta conveniente nutrirnos de experiencias positivas que nos aporten referencias concretas, sirviendo este ejemplo como una buena práctica pionera en materia de autogestión y vivienda social, que cuenta con una valiosa trayectoria de más de cuarenta años.

El segundo, porque es un ejemplo paradigmático de cómo los técnicos pueden trabajar exitosamente al servicio de la población ‘con y para la gente’, atendiendo la complejidad de la problemática habitacional de forma integral con equipos interdisciplinares, un tema clave que está sobre la mesa en los debates y en los discursos sociales y políticos más actuales, y que tantas dudas generan, sobre todo por el desconocimiento de prácticas que las hagan efectivas.

Por último, y no menos importante, el compromiso que asumimos de difundir una síntesis de las dos últimas conferencias impartidas en Granada2 por el ingeniero Benjamín Nahoum y el arquitecto Raúl Vallés – dos de los más destacados referentes en vivienda social y cooperativismo de vivienda en Uruguay -, momento en que tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y entrevistarlos3. Aprovechamos este medio para agradecerles públicamente su buena disposición y el enorme entusiasmo que nos transmitieron.

En este artículo de introducción, nos referiremos sucintamente a los aspectos esenciales que caracterizan al sistema cooperativo de vivienda uruguayo, para dar una visión general acerca de en qué consiste y cuáles son sus principales virtudes. Anunciamos que cada uno de estos temas será profundizado en los posteriores artículos que publicaremos en este medio, entretejiendo análisis y síntesis de las conferencias mencionadas, y ampliando la reflexión a otros contextos, en los que han surgido respuestas relacionadas.

En América Latina, hasta ahora, el modelo uruguayo se ha reproducido en Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, El Salvador, Honduras, Nicaragua y  Guatemala, adecuándose y reinventándose según las particularidades de cada caso. En España pensamos en cooperativas de vivienda como Sostrecivic en Barcelona, Oikoop en Madrid y La Cooperativa de Huetor en Granada. Otras iniciativas europeas interesantes son  Luis Labín en Burgos, Sargfabrik y Miss Sargfabrik en Viena, e iniciativas como las de Notre Atelier Commun en Boulogne sur Mer, Beaumont en Ardèche, Tourcoing y Marsella.

Las cooperativas de vivienda suponen un subsistema colectivo y organizado de lo que en Latinoamérica se conoce como ‘ Producción Social del Hábitat’, definido por Enrique Ortiz4 como “todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. […] las modalidades autogestionarias incluyen desde la autoproducción individual espontánea de la vivienda hasta la colectiva que implica un alto nivel organizativo de los participantes y, en muchos casos, procesos complejos de producción y gestión de otros componentes del Hábitat”. La vivienda es concebida como un concepto más amplio de hábitat residencial, trasciende la idea de objeto y se entiende como un proceso de elaboración continua, considerando aquellos elementos, servicios y espacios de proximidad necesarios vinculados intrínsicamente al habitar.

Hacia 1966, surgen las tres primeras experiencias-piloto de cooperativas de vivienda en Uruguay, promovidas por el CCU (Centro Cooperativista Uruguayo), cuyo éxito será el mejor antecedente. El origen formal e institucionalizado del modelo es posterior, y se da con la Ley Nacional de Vivienda aprobada en Uruguay en 1968, para atender la promoción de programas de vivienda social. Dicho marco jurídico incluye a las cooperativas de vivienda según los principios del cooperativismo4, y las define específicamente como sociedades que “tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus asociados, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda”.

El primer aspecto a destacar es que el modelo cooperativo5 se incluye en la Ley para dar solución habitacional a los sectores de población que por su situación económica se ven impedidos de acceder a una vivienda de las que oferta el mercado, por consiguiente responde a una necesidad básica de los sin tierra urbanos1, como indica el título del artículo. Por esto, el rol del Estado es esencial, porque se encarga de supervisar y financiar las viviendas, en cumplimiento de garantizar a los ciudadanos el derecho a una vivienda digna6. A través del banco de tierras del Estado, una vez que las familias reciben el crédito, acceden a un terreno de uso urbano, provisto de los servicios necesarios para la construcción de una vivienda (saneamiento, luz, agua potable, etc.). Este mecanismo favorece que el crecimiento de la ciudad concuerde con lo planificado, evitando que las familias de menores recursos se asienten en los terrenos periféricos que suelen ser más baratos y no en los más adecuados.

La autogestión y la solidaridad representan los pilares en los que se funda el cooperativismo uruguayo. La propia gente es la que se organiza y la que toma las decisiones, movida desde la base por una necesidad común, para resolverla de forma colectiva. En Uruguay se han extendido principalmente dos grandes tipos de cooperativas de vivienda que varían según su forma de gestión: las de ahorro previo’ en las que los interesados contribuyen con una parte del capital necesario para construir (agrupados en FECOVI, Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo) y las de ‘ayuda mutua’7 en las que la gente aporta su mano de obra y trabajan en la construcción de sus viviendas (agrupados en FUCVAM, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua). Por otra parte, existen dos regímenes de tenencia, en el individual cada familia es propietaria de su vivienda, y en el colectivo las viviendas son propiedad de las cooperativas y las familias asumen el derecho al ‘uso’, e incluso la deuda la afronta la comunidad. En el caso de FUCVAM y FECOVI, el modelo es la propiedad colectiva.

El rol de los técnicos también es indispensable y por eso la ley igualmente incluye la figura ‘indisoluble, necesaria e imprescindible’ de los IAT (los institutos que los agrupan), integrados por profesionales de la arquitectura, ingeniería, contabilidad, legislación y trabajo social -entre otros-, formados como equipo para asesorar y acompañar a los cooperativistas en cada una de las fases, muy especialmente en la capacitación y toma de decisiones. Según las exigencias de la legislación, una cooperativa debe tener contratado un IAT previamente a la gestión del crédito, y éstos, a su vez, deben ofrecer sus servicios sin fines de lucro o especulativos (los técnicos cobran honorarios que cubren exclusivamente el valor de su trabajo, sin que se generen excedentes o lucro).

En próximas publicaciones, centraremos nuestro análisis en la originalidad del modelo promovido por FUCVAM, combinando ‘ayuda mutua y propiedad colectiva’, además de tratar temas relacionados como el rol de los técnicos y los IAT y los procesos de reactivación y reciclaje urbano en barrios como La Ciudad Vieja de Montevideo. Estos artículos irán apareciendo a lo largo de 2012, en correlación al Año Internacional del Cooperativismo.

De esta forma sembramos en un terreno ya abonado, por numerosos artículos y debates, en torno a la cuestión del hábitat social y las estrategias de regeneración de barrios, iniciados por corresponsales como SUJU, la panadería, Eduardo Torres, Pilar Pinchart, Jorge Galindo, Ethel Baraona, Israel Nagore, Brijuni o Stepienybarno. Agradecemos a La Ciudad Viva y especialmente a Daniel Ayala Serrano, por la cálida acogida de la propuesta, la oportunidad de compartir y el espacio físico dónde publicarlas, difundirlas y debatirlas.

Fiorella Russo + Eva Chacón

Notas:
[1] Como se refieren Benjamín Nahoum y Gustavo González en su reciente libro ‘Los sin tierra urbanos: causas, propuestas y luchas populares’ (2011, Ediciones Tricle).
[2] Conferencias impartidas por Benjamín Nahoum y Raúl Vallés en Granada, octubre de 2011: ‘La producción Social del Hábitat: un desafío para la arquitectura y la interdisciplina. La experiencia uruguaya del cooperativismo de viviendas’ (25 de octubre, Colegio Oficial de Arquitectos de Granada), y ‘La ciudad que hace la gente: autoproducción individual y colectiva, vivienda cooperativismo y ciudadanía’ (26 de octubre de 2011, ETS Arquitectura – Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Granada).
[3] En esta entrevista conversamos acerca de su impronta profesional como técnicos, miembros y representantes -en el caso de Benjamín Nahoum- de FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) y -en el caso de Raúl Valles- de los IAT (Institutos de Asesoramiento Técnico), además de la experiencia docente especializada que en ambos casos trasciende el ámbito de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La República (Montevideo, Uruguay), y se extiende al conjunto de países iberoamericanos principalmente. Las entrevistas serán publicadas próximamente en el blog de Stepienybarno.
[4] ORTIZ, Enrique: ‘Con los pies en la tierra’. En: ‘Vivitos y coleando’. Editorial HIC-al y Universidad Autónoma Metropolitana. México D.F, 2002.
[5] Principios y valores cooperativos adoptados en Manchester el 23 de septiembre de 1995, por la International Cooperative Alliance (conocida en español por su sigla ‘ACI’ – Alianza Cooperativa Internacional).
[6] El derecho a una vivienda digna en Uruguay, Art. 45 de la Constitución: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
[7] ‘Ayuda mutua’ según la Ley Nacional de Vivienda en Uruguay, Art. 136: “La ayuda mutua es el trabajo comunitario, aportado por los socios cooperadores para la construcción de los conjuntos colectivos y bajo la dirección técnica de la cooperativa” .

* Fiorella Russo es arquitecta e investigadora en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada y en la International Network for Urban Research and Action [INURA]. Es miembro activa de ADOBE ‘Arquitectura y Compromiso Social’.

* Eva Chacón es arquitecta, docente e investigadora en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Granada y coordinadora del Proyecto I+D+i Reciclajes Urbanos, dirigido por Elisa Valero.